- Las modificaciones buscan ajustar la Ley de subvenciones (N° 20.032), que rige el traspaso de recursos a los organismos colaboradores del Estado en la protección de la niñez, a la realidad de Rapa Nui como territorio especial.
Mejorar la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes rapanui vulnerados en sus derechos es el objetivo de la agenda legislativa que busca impulsar la directora de la Fundación Niño y Patria, Erica Ponce Figueroa.
Tras este fin llegó a Rapa Nui para reunirse con autoridades y agentes relevantes de la comunidad, a quienes expuso las modificaciones a la normativa vigente relacionada al quehacer de los organismos colaboradores del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Infancia y Adolescencia, que trabajan en la isla.
“Estos cambios permitirían que niños, niñas y adolescentes rapanui puedan crecer aprendiendo la riqueza cultural de su pueblo. Y su impacto mejoraría la labor de los seis proyectos de infancia que hoy trabajan como organismos colaboradores del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en Hanga Roa”, destacó Erica Ponce Figueroa.
El apoyo de las autoridades de la isla fue transversal. Entre ellos, el Delegado Provincial de Isla de Pascua, Sergio Tepano; el alcalde Petero Edmunds, la Corporación de Desarrollo de Isla de Pascua (CODEIPA); los Consejeros Regionales; entre otros. Además, se sumó el respaldo del Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, quien también estuvo de visita en Rapa Nui para esa fecha, comprometiendo su ayuda para sacar adelante este ajuste.
Uno de los cambios tiene que ver con que se aplique la Ley Pascua (N° 16.441) para los seis proyectos que hoy atienden a niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos de la isla. Actualmente los aportes del Estado, a través de la Ley de Subvenciones (N° 20.032), consideran un 100% de zona. Mientras que la Ley Pascua define un pago de 200% de zona para este territorio.
Como explica Erica Ponce: “En 2023 estos proyectos acogieron a cerca de 250 niños, niñas y adolescentes rapanui, cerca del 10% de la niñez que vive en la isla. Considerar el 200% de zona implica aumentar los recursos en cerca de $1.238 millones adicionales, lo que solo equivale al 0,6% del presupuesto 2024 del Servicio Nacional de Protección Especializada”.
El segundo cambio apunta a que la ley permita la contratación de personas del pueblo rapanui con experiencia y motivación para trabajar con niñas y niñas y que propicien su vínculo con la lengua, costumbres y cosmovisión. Actualmente la ley obliga a los organismos colaboradores a contar con un 75% de profesionales y/o técnicos especializados.
Como destaca la directora ejecutiva de Niño y Patria: “Es muy difícil encontrar profesionales o técnicos con experiencia en infancia vulnerada de origen rapanui. Hoy nuestros equipos están conformados en un 95% por profesionales y técnicos chilenos continentales, a cargo del cuidado y protección de niños, niñas y adolescentes 100% rapanui”.
“Esta brecha cultural hace que se alejen de su lengua, así como de las costumbres y tradiciones propias de su pueblo, lo que también constituye una vulneración a sus derechos”, agrega.
