- Residencias sobrepobladas, serios problemas de cobertura y pocos especialistas en el sistema de salud, largas esperas para tratamientos de salud mental; ausencia de programas para tratar adicciones, discriminación para entrar al sistema educativo, son sólo algunos de los graves problemas con los tienen que lidiar las residencias que deben proteger a las niñas, niños y adolescentes vulnerados en sus derechos.
- Sin soluciones que permitan revertir esta crisis, la Mesa proyecta que seguirán cerrando residencias, lo que impactará la disponibilidad de la oferta a nivel país, producto del creciente déficit económico (30% en promedio), generado por la distancia entre el aporte del Estado y el gasto real por niño.
La Mesa de Residencias, que agrupa a 38 organismos colaboradores de Mejor Niñez a nivel nacional, ha denunciado la grave crisis en la que se encuentran, por lo que han solicitado al gobierno crear una mesa de trabajo para tomar medidas a corto y mediano plazo.
Esta demanda fue expresada en detalle en una carta entregada al Presidente Gabriel Boric, donde se explicitan las dimensiones de la situación. “La crisis del sistema es un tema de Estado, al que distintos gobiernos no le han dado respuesta. Hoy necesitamos que todas las manos del Estado se sienten a trabajar junto a nosotros de manera urgente: Mejor Niñez, Sename, Ministerio de Salud, de Educación y Senda”, expresó la directora ejecutiva de la Fundación Niño y Patria, Erica Ponce Figueroa.
Desde noviembre de 2022, las y los representantes de la mesa se han reunido con autoridades de Mejor Niñez, de la Subsecretaría de la Niñez y del Ministerio de Desarrollo Social, sin que a la fecha hayan obtenido respuestas concretas.
La agrupación funciona desde 2017 y las instituciones que la componen administran 115 residencias en el país y otorgan protección a 2.388 niños, niñas y adolescentes (NNA), cuyos derechos han sido vulnerados.
¿En qué se traduce esta crisis?
Uno de los problemas centrales es la falta de un trabajo coordinado desde el Estado. Así lo explica Erica Ponce, quien lleva más de dos décadas trabajando en temas de infancia: “Por años, el Estado no ha realizado un trabajo intersectorial, clave para la protección de las niñas, niños y adolescentes vulnerados en sus derechos. Esto se traduce en una casi inexistente coordinación con el Ministerio de Salud: las NNA están a la espera de horas, hospitalizaciones para estabilización y tratamientos de salud mental. Hay serios problemas de cobertura y pocos especialistas. Por su parte, Senda no acoge a los NNA con problemas de consumo, no hay programas efectivos de tratamiento para adicciones y las residencias no estamos preparadas para ser centros de rehabilitación. Y en lo relativo a educación, las NNA son derechamente discriminados cuando buscamos cupos de matrícula para ingresarlos al sistema”.
A lo anterior, se suma la grave situación de sobrecupos que afecta a algunas residencias. Como destaca Paulina Fernández, directora de Abogacía y Estudios de Aldeas Infantiles SOS: “Hoy la ley faculta a los Tribunales de Familia a derivar NNA a cualquier residencia, sin importar si tiene o no cupos disponibles. Lo anterior, se traduce en que las residencias tienen que atender a una mayor cantidad de NNA, viéndose afectada muchas veces la calidad de la atención”.
En la misma línea, como agrega Fernández: “Tampoco existe una planificación territorial para la oferta estatal de residencias, lo que redunda en instituciones sobrepobladas, sub atendidas y traslados a residencias lejanas a las casas de los NNA, lo que dificulta su re-vinculación familiar. Por ejemplo, en el norte hoy enfrentamos una gran crisis producto de la población migrante, y por otro lado, en el sur, las residencias funcionan bajo su capacidad”.
Como señala, Lisette Allende, de la Fundación María de la Luz, la crisis también responde a la ausencia de una oferta especializada. “Las residencias hoy mezclan a NNA con necesidades muy distintas: consumo de sustancias, explotación sexual, problemas de salud mental grave, discapacidades y adolescentes que han cometido delitos. Esto genera casos graves de vulneración de derechos entre pares, aumento sostenido de las agresiones a los cuidadores, alta rotación de personal y el consecuente aumento de sus licencias”.
La Mesa de Residencias destaca que de no tomarse medidas urgentes será imposible detener la escalada de cierres de instituciones, que se está produciendo por el creciente déficit económico, que en promedio alcanza el 30%, el que se ha generado por la distancia entre el aporte del Estado y el gasto real por niño. Además, se está enfrentando un considerable aumento en la rotación de los equipos, la que alcanza un 24%, impactando negativamente en los procesos de intervención de los niños, niñas y adolescentes. Todo lo anterior, significa la imposibilidad de abordar de manera oportuna y pertinente las distintas necesidades de intervención que estos requieren.
Lectura de foto: Lisette Allende de la Fundación María de la Luz, Erica Ponce Figueroa, directora ejecutiva de la Fundación Niño y Patria y Paulina Fernández, directora de Abogacía y Estudios de Aldeas Infantiles SOS.
